Ir al contenido

Nota de referencia · Conceptos y terminología jurídicos

Operaciones de pago no autorizadas en la PSD2

Cómo reparte la segunda Directiva de servicios de pago el riesgo de las operaciones no autorizadas entre el proveedor de servicios de pago y el ordenante.

Publicado:
Última revisión:

§ 1El reparto básico

La Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2) contiene normas armonizadas sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y proveedores de servicios de pago. Una operación de pago solo se considera autorizada si el ordenante ha dado su consentimiento (artículo 64). Cuando una operación no ha sido autorizada, el artículo 73, apartado 1, dispone que el proveedor de servicios de pago del ordenante debe devolver el importe inmediatamente y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en que haya observado o se le haya notificado la operación, y restituir la cuenta de pago en la que se haya efectuado el adeudo al estado en que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación. La única excepción se da cuando el proveedor tiene motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunica dichos motivos por escrito a la autoridad nacional pertinente.

La devolución está supeditada a la notificación. Con arreglo al artículo 71, apartado 1, el usuario de servicios de pago debe notificarlo al proveedor sin demora injustificada en cuanto tenga conocimiento de la operación no autorizada, y a más tardar dentro de los 13 meses siguientes a la fecha de adeudo; ese plazo no se aplica cuando el proveedor no haya facilitado o puesto a disposición la información exigida sobre la operación. En el asunto C-337/20, CRCAM Alpes-Provence (sentencia de 2 de septiembre de 2021, ECLI:EU:C:2021:671), el Tribunal de Justicia declaró, en el marco de la Directiva anterior 2007/64/CE, que el usuario que no haya efectuado la notificación dentro de ese plazo no puede invocar otro régimen nacional de responsabilidad para obtener el mismo resultado. Su aplicación a la PSD2 es por analogía.

§ 2La parte de la pérdida que soporta el ordenante

El artículo 74, apartado 1, dispone que el ordenante puede verse obligado a soportar las pérdidas derivadas de una operación no autorizada resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o robado, o de su apropiación indebida, hasta un máximo de 50 EUR. El ordenante no soporta tal pérdida cuando el extravío, el robo o la apropiación indebida no podían ser detectados por él antes del pago (salvo que haya actuado de manera fraudulenta), o cuando la pérdida se haya debido a la acción o la falta de acción de un empleado, agente o sucursal del proveedor o de una entidad a la que se hayan externalizado sus actividades. Los Estados miembros pueden reducir la responsabilidad del ordenante cuando este no haya actuado de manera fraudulenta ni haya incumplido deliberadamente sus obligaciones.

El ordenante soporta todas las pérdidas cuando haya actuado de manera fraudulenta o haya incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, las obligaciones establecidas en el artículo 69, como utilizar el instrumento de conformidad con sus condiciones, proteger sus credenciales de seguridad personalizadas y notificar al proveedor sin demora injustificada el extravío, el robo, la apropiación indebida o la utilización no autorizada. Tras esa notificación, el ordenante no soporta ninguna otra consecuencia económica, salvo en caso de fraude (artículo 74, apartado 3).

La negligencia grave no suspende la obligación de devolución. En el asunto C-70/25, PKO BP (sentencia de 15 de octubre de 2026), el Tribunal de Justicia declaró que un proveedor no puede denegar la devolución inmediata prevista en el artículo 73, apartado 1, alegando que el ordenante hizo posible la operación por negligencia grave; el reparto de la pérdida con arreglo al artículo 74, apartado 1, es una cuestión distinta.

§ 3Autenticación reforzada de clientes

El artículo 97 obliga a los proveedores a aplicar la autenticación reforzada de clientes cuando el ordenante accede a su cuenta de pago en línea, inicia una operación de pago electrónico o realiza por un canal a distancia cualquier acción que pueda implicar un riesgo de fraude. Las normas técnicas figuran en el Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, aplicable desde el 14 de septiembre de 2019. Con arreglo al artículo 74, apartado 2, cuando el proveedor del ordenante no exija la autenticación reforzada de clientes, el ordenante no soporta ninguna pérdida económica, salvo que haya actuado de manera fraudulenta.

§ 4Prueba

Con arreglo al artículo 72, apartado 1, cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación, corresponde al proveedor de servicios de pago demostrar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico. Con arreglo al artículo 72, apartado 2, la utilización de un instrumento de pago registrada por el proveedor no basta necesariamente, por sí sola, para demostrar que el ordenante autorizó la operación o que actuó de manera fraudulenta o con negligencia grave; el proveedor debe aportar elementos que prueben el fraude o la negligencia grave.

Si una conducta constituye negligencia grave se aprecia a la vista de los hechos y con arreglo al Derecho nacional que transpone la Directiva.

§ 5Aplicación nacional: España y Bélgica

En España, la PSD2 se transpuso mediante el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago. Los artículos 43 a 46 corresponden a los artículos 71 a 74 de la Directiva: la notificación en un plazo de 13 meses (artículo 43), la prueba de la autenticación (artículo 44), la devolución inmediata (artículo 45) y la responsabilidad del ordenante, incluido el límite de 50 EUR (artículo 46). Cuando un proveedor invoque una sospecha razonable de fraude para no efectuar la devolución inmediata, el artículo 45 le obliga a comunicar sus motivos por escrito al Banco de España. Pueden presentarse reclamaciones ante el servicio de reclamaciones del Banco de España.

En Bélgica, la PSD2 se transpuso al Libro VII del Código de Derecho Económico mediante la Ley de 19 de julio de 2018; los artículos VII.41 a VII.44 corresponden a los artículos 71 a 74 de la Directiva, incluido el límite de 50 EUR. Las reclamaciones extrajudiciales pueden presentarse ante Ombudsfin.

§ 6Un marco en revisión

En 2023 la Comisión propuso sustituir la PSD2 por una tercera Directiva de servicios de pago y un Reglamento de servicios de pago, con nuevas normas sobre el fraude por suplantación de identidad. El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional el 27 de noviembre de 2025. En la fecha de revisión (18 de noviembre de 2026), los textos no se habían publicado en el Diario Oficial; tienen carácter prospectivo y la PSD2, tal como ha sido transpuesta, sigue siendo el marco aplicable. Por otra parte, el Reglamento (UE) 2024/886 sobre transferencias inmediatas obliga a los proveedores de la zona del euro a ofrecer la verificación del beneficiario desde el 9 de octubre de 2025.

Antes de invocar cualquier disposición, deben comprobarse su versión vigente y las normas transitorias aplicables en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la ley nacional de transposición.

Este contenido constituye información jurídica general. No constituye asesoramiento jurídico ni crea una relación abogado-cliente.

Todos los análisis

Conceptos y terminología jurídicos

Relación de causalidad y pérdida de oportunidad en los litigios financieros

Por qué la relación de causalidad suele ser la cuestión decisiva en las reclamaciones bancarias y de inversión, y por qué la pérdida de oportunidad no es un concepto universal.

Responsabilidad financiera · Protección del inversor

Publicado Fuentes oficiales: 8

Conceptos y terminología jurídicos

Idoneidad y conveniencia en MiFID II

Dos evaluaciones distintas con funciones distintas: lo que exige MiFID II y por qué la distinción es relevante en un litigio de inversión.

Protección del inversor · Responsabilidad financiera

Publicado Fuentes oficiales: 9